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Un juez ha ordenado ayer el cese y prohibición de la aplicación Uber en toda España como medida cautelar.

Las medidas entrarán en vigor cuando la Asociación Madrileña del Taxi presente una fianza de 10.000 euros, para lo que dispone de tres dí­as. El juez considera que la plataforma de alquiler de coches con conductor se salta las normas para operar en un mercado al carecer sus vehí­culos de la obligatoria licencia.

El juez además ha dado orden a las empresas de telecomunicaciones y de comercio electrónico para dejen de prestar servicio a la aplicación y su web, dejándola sin alojamiento ni posibilidad de hacer transacciones.

Un tribunal regional de Fráncfort ha decidido levantar la prohibición contra Uber en Alemania.

El tribunal dio la razón en esta ocasión a Uber frente a la cooperativa de taxistas que la demandó. El colectivo de taxistas ya han expresado su intención de apelar ante la Audiencia territorial, la instancia superior para los procedimientos de urgencia.

La principal reclamación del colectivo de taxistas es que Uber no hace frente a seguros y licencias que los conductores profesionales deben abonar. Por su parte, Uber rechaza las crí­ticas y asegura que cortar sus servicios supone restringir la posibilidad de elección de los ciudadanos.

¿Cuál será el siguiente capitulo de esta historia?

La Confederación del Taxi de España exige la retirada de la aplicación Uber, que permite poner en contacto a particulares para la realización de trayectos en vehí­culos privados y que intermedia además en el cobro.

Los taxistas consideran que la aplicación fomenta la economí­a sumergida y la creación de una bolsa de fraude fiscal, pues no existe control administrativo alguno sobre los particulares que utilizan la aplicación. El colectivo amenaza con paros.

El Tribunal de Comercio de Bruselas ordenó a la sociedad estadounidense Uber la semana pasada el cese de sus actividades de vehí­culos compartidos entre particulares.